Organizado por l@s legisladores Augsburger, Giustiniani y Oliver se realizó hoy una audiencia para discutir la sanción de un marco legal para regular los servicios públicos en la provincia, que incluya la distribución de energía y agua, concesión de rutas y empresas de transporte de media y larga distancia. Entre otros, participaron Leandro Despouy (ex titular de la Auditoría General de la Nación) y Héctor Polino (Consumidores Libres)

A propuesta de l@s diputad@s Silvia Augsburger, Rubén Giustiniani y Fabián Palo Oliver, se realizó esta mañana en la Legislatura Provincial una jornada de discusión titulada “Un derecho de los Usuarios” sobre la necesidad de generar un marco regulatorio general de los servicios públicos en la provincia de Santa Fe.

  Participaron, además, diversas organizaciones de defensa del consumidor, el ex Director Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy; Fundador de Consumidores Libres, Héctor Polino; intendenta de Santo Tomé, Daniela Cuesta;  los Directores de  la Provincia de Comercio y Servicios, y de Defensa del Consumidor; los diputados Santiago Mascheroni, Carlos Del frade, Inés Bertero, Claudia Giaccone y Alicia Gutierrez, y concejales, entre otros.

“Desde el poder siempre hay una reticencia a que existan estos marcos regulatorios. Y esta es una nueva oportunidad, somos optimistas. Junto con Silvia Augsburger y Palo Oliver presentamos lo que consideramos que es un buen proyecto porque recoge, entre otros puntos, toda una experiencia en materia de participación de las organizaciones sociales que pueden defender a los usuarios”,señaló el diputado Rubén Giustiniani en la apertura de la jornada, en referencia a la discusión planteada y al proyecto de ley presentado en la Legislatura Provincial.

“Pareciera que cuando se da un tarifazo la culpa es del otro y el que paga es el usuario que no tiene donde quejarse. Por eso creemos que debe haber un marco legal de los servicios públicos”, continuó Giustiniani.

Por su parte, el ex titular de la AGN, Leandro Despouy, hizo hincapié en la participación y representación de los intereses de los usuarios y consumidores.  “Argentina presenta un enorme déficit. La reformulación de la prestación de los servicios públicos que se inició en los 90 descuidó al principal destinatario que es el consumidor y el usuario”.

“Cuando se descuida el consumidor se producen distorsiones económicas y fatales como ha sido el caso de Once”, remarcó Despouy.

En tanto, la diputada Silvia Augsburger remarcó: “Actualmente, el único ente regulatorio que tiene la provincia es el Enress para el agua, y no así los otros servicios. Vemos, por ejemplo, todos los días críticas de los usuarios de los medios de transporte y deficiencias muy serias en su prestación, que no obtienen respuesta”. 

“Tener un marco regulatorio –continuó Augsburger– también tiene como objetivo controlar las inversiones de las empresas; ocurre que cuando hay un prestatario monopólico, tiende a invertir en aquellas zonas que son más redituables, y no donde el servicio tiene mayor déficit”.

En el mismo sentido se expresó el representante de la ONG Consumidores Libres, Héctor Polino, quien valoró positivamente la discusión sobre un marco regulatorio para la provincia.

“Las empresas necesitan ser reguladas y controladas porque prestan un servicio fundamental para la población, y ese servicio tiene que llegar a todos los habitantes al precio justo. Ese es la característica del servicio público. Y hoy las empresas monopólicas tienden a aplicar tarifas abusivas, excesivas y generalmente no hacen las inversiones para que el servicio sea de buena calidad y de carácter universal. La sanción de una norma legal que regule el funcionamiento  de las empresas de  servicios públicos es fundamental”, sostuvo Polino.

La Constitución Nacional prevé la existencia de marcos regulatorios para los servicios públicos. Es una herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los deberes de las empresas prestatarias y los derechos de las y los usuarios, regular las tarifas, delimitar las funciones de los entes reguladores; audiencias públicas previas y obligatorias ante cualquier suba de la tarifa; y participación de los usuarios que proteja sus derechos.

Las organizaciones presentes también dieron su opinión: Asociación Empresaria de Rosario, Comisión de Derechos de los Consumidores y Usuarios del Colegio de Abogados de Santa Fe, Cooperativa Eléctrica de Rufino, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa fe, Federación de Centros Comerciales de Santa Fe, Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Unión de Usuarios y Consumidores filial Rosario y Santa Fe, Oficina de Derechos Ciudadanos de la Municipalidad de Santa Fe, Unión de Consumidores Unidos, Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable y otros servicios , Oficina de Atención al Consumidor de Santo Tomé y Asociación de Entidades Empresarias del sur santafesino.-