“La masividad en el uso de la telefonía celular  expresa la necesidad de regular las tarifas del servicio y de establecer un marco regulatorio” aseguró el senador socialista Rubén Giustiniani, autor de la iniciativa que declara servicio público a la telefonía móvil.

Este proyecto de ley garantiza el acceso de los ciudadanos a servicios de telefonía móvil eficientes, de acuerdo a los estándar aceptables con la tecnología actual, con tarifas razonables y con estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los contratos de servicios, en tiempo y forma por parte de las empresas prestadoras del servicio.

El próximo miércoles 28 de septiembre las comisiones de Sistemas de Medios de Comunicaciòn y Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías invitaron a Unión de Usuarios y Consumidores, Consumidores Libres, Centro de educación al consumidor, Defensa de usuarios y consumidores, Adelco. Las empresas Movistar, Personal, Claro , Nextel y a los  especialistas en Derecho Administrativo dr. Alberto Bianchi y en  derechos de las telecomunicaciones y del consumidor dr. Ariel Caplan, para debatir  esta iniciativa.

Previo a ese encuentro, este jueves 22, un grupo de especialistas en economía y en derecho informará sobre el proyecto a los  asesores de las ambas comisiones.

Se estima que existen entre 35 y 37 millones de líneas telefónicas móviles, mientras que en la actualidad  en nuestro país son  alrededor de 8 millones de líneas fijas, cuyas tarifas están reguladas y que garantizan el acceso de la población de todo el territorio nacional.

“La masividad del servicio –afirmó Giustiniani- expresa la necesidad de la existencia de un marco regulatorio para la telefonía móvil”, que además de regular las tarifas del servicio, permita dotar a sus usuarios de mayores derechos y garantías, dar respuesta a los incesantes reclamos de los usuarios de celulares vinculados tanto a las deficiencias en la prestación del servicio como a problemas de facturación.<p

La telefonía celular es utilizada en nuestro país por personas de diferentes edades y estratos sociales, es en la actualidad, “el medio de comunicación más utilizado por los jóvenes,  por los padres de adolescentes y particularmente por los sectores con menores recursos“, agregó.

El senador socialista apuntó que “las estadísticas demuestran que en las oficinas de defensa del consumidor uno de los rubros que mayor cantidad de reclamos tiene es el servicio de telefonía móvil”.

La inexistencia de un marco regulatorio establecido por Ley, permite a las empresas prestadoras de servicio, una libertad de maniobras, “fundamentalmente a la hora de establecer tarifas, sin ningún control del Estado, por lo que resulta pertinente avanzar en una normativa que permita regular tanto la calidad de prestación como el precio de los servicios”, puntualizó el senador por Santa Fe.

Los marcos regulatorios son la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los deberes, derechos y obligaciones de las empresas prestatarias de los servicios públicos. La definición clara y concisa de reglas de juego firmes, elaboradas con amplia participación de los poderes públicos y de la ciudadanía, y aprobadas por el Congreso de la Nación, constituye una necesidad fundamental de la experiencia argentina.

Los derechos vinculados a la tutela del usuario y del consumidor, fueron incorporados en la reforma de 1994, y se conocen como derechos de “tercera generación”. Implican un desplazamiento del derecho privado hacia el derecho público toda vez que se pretende tutelar con carácter protectorio a la parte más débil de la contratación masiva, es decir el de servicios.