CREACIÓN DE LOS JUZGADOS FEDERALES CRIMINALES Y CORRECCIONALES DE LAS CIUDADES DE ROSARIO Y DE SANTA FE.

 

Artículo 1: Modificase los incisos d), e) y f) del artículo 2 de la Ley 24.050, que quedarán redactados de la siguiente forma: “Artículo 2: El Poder Judicial de la Nación, en materia penal, estará integrado por: d) Los Tribunales Orales en lo Criminal, en lo Penal Económico, en Narcotráfico, de Menores, en lo Criminal Federal de la Capital Federal y Federales con asiento en las provincias e) Las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en lo Penal Económico, en Narcotráfico, en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias. f) Los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción, Correccionales, en Narcotráfico, en lo Penal Económico, de Menores, en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y Federales con asiento en las provincias”

Artículo 2: El Ministerio Público designará Fiscales y Defensores especializados que actuarán ante los Juzgados, Tribunales y Cámaras del Fuero de Narcotráfico.

Artículo 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo. Rubén Giustiniani Senador de la Nación FUNDAMENTOS Señor Presidente: Nuestro sistema judicial debe contar con las herramientas, estructura y recursos humanos especializados, para hacer frente al preocupante fenómeno de la narcocriminalidad. El volumen de los delitos vinculados al narcotráfico es creciente, y de ello dan cuenta la mayoría de los juzgados federales. Miles de causas desbordan las capacidades propias de los organismos jurisdiccionales de todo el país. Las recientes declaraciones públicas de camaristas y jueces federales del norte del país, retomadas por la Corte Suprema de la Nación en el documento que le enviara al Poder Ejecutivo Nacional el pasado mes de noviembre, evidencian el crecimiento exponencial de las causas relativas al narcotráfico y la manifiesta falta de infraestructura y recursos humanos adecuados para diligenciar eficazmente las mismas. En concreto, el informe elaborado por los camaristas salteños asegura que frente a un incremento del 52 % de las causas judiciales en la jurisdicción durante el período 2005- 2012, las relativas al narcotráfico subieron casi un 85 %. Debe señalarse asimismo que juzgados federales como el de Salta (que tiene también competencia sobre Jujuy) tienen la particularidad de contar con una extensa frontera por donde se realiza una gran proporción del tráfico de drogas hacia nuestro país. La situación también es preocupante en otras jurisdicciones federales. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, sólo existen siete juzgados federales: cuatro en la ciudad de Rosario, dos en Santa Fe, y uno en Rafaela que aún no ha sido integrado. Todos estos juzgados dependen de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que también resuelve en alzada los recursos de los dos tribunales federales de San Nicolás (provincia de Buenos Aires). El recientemente creado juzgado federal de Reconquista integra la jurisdicción de la Cámara Federal de Resistencia (Chaco). El número creciente de casos y su complejidad ha provocado consecuentemente un volumen crítico de causas que se acumulan en juzgados que no cuentan con la infraestructura y recursos humanos para avanzar con las causas y determinar las responsabilidades penales. En este marco, resulta a todas luces imposible para jueces y fiscales atender los requerimientos de procesos por delitos comunes y, al mismo tiempo, abordar investigaciones relativas a la criminalidad compleja. Es imprescindible entonces dotar a la justicia de mayor celeridad y eficiencia para abordar estos casos. Por ello, entendemos que es necesario modificar la Ley 24.050 en lo relativo a la competencia penal del Poder Judicial, a fin de brindar una respuesta adecuada a la problemática compleja y creciente del narcotráfico en nuestro país. Entendemos por ello que la creación de una jurisdicción específica en materia de narcotráfico, con recursos humanos especializados y altamente capacitados e infraestructura adecuada para hacer frente a esta problemática, permitiría que nuestro sistema judicial pueda dedicarse de lleno a las actuaciones en dicha materia, con una mayor celeridad y eficacia en la administración de justicia. Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

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