AUMENTO DEL HABER PREVISIONAL AL 82 % DEL SALARIO EN ACTIVIDAD DE REFERENCIA

ARTICULO 1º: Objeto. La presente ley tiene como objetivo la recomposición del haber jubilatorio mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.) hasta alcanzar el 82 % de la remuneración mensual asignada a la Categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo —Agrupamiento General— del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público —SINEP—, en consonancia con el principio consagrado en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a fin de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y razonable proporción entre el haber de la pasividad y las remuneraciones de los trabajadores en actividad.

ARTICULO 2º: Aplicación. El haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino será equivalente al 82% de la remuneración mensual asignada a la
Categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo —Agrupamiento General— del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público —SINEP—. La Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S) establecerá los mecanismos para actualizar el valor del haber mínimo vigente a fin de adecuarlo a lo establecido en la presente Ley, en un período no mayor a los 90 días.

ARTICULO 3º: Actualización. Sin perjuicio de la aplicación de la movilidad prevista en el Ley 26.417, el haber mínimo garantizado se actualizará automáticamente con cada incremento del Salario de referencia establecido en el Artículo 2 de la presente ley, a fin de mantener la proporcionalidad establecida.

ARTICULO 4º: El plazo de 90 días establecido en el Artículo 2º comenzará a regir desde la entrada en vigencia de la presente Ley a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani- Luis A. Juez- Jaime Linares-Gerardo Morales-Magdalena OdardaFernando Solanas Senadores Nacionales

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La recuperación económica que prosiguió la profunda crisis económica, fiscal y política del año 2001 fue acompañada por un proceso inflacionario que afectó el poder adquisitivo de los ingresos de las familias y de los haberes de los jubilados.
La reforma previsional de 1993 subsumió la movilidad de los haberes jubilatorios a las decisiones presupuestarias de cada año y con ello a la discrecionalidad de los gobernantes de turno. Desde el año 2002 se otorgaron una serie de incrementos a los haberes previsionales sin que existieran reglas claras o mecanismos objetivos que permitieran garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo en el largo plazo.
En octubre de 2008 el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.417 que estableció una movilidad automática (aunque insuficiente) de los haberes previsionales en función de la evolución del salario y de la recaudación del sistema previsional. Sin embargo, la Ley 26.417 no resolvió dos problemas centrales que este Proyecto de Ley intenta subsanar: en primer lugar la desconexión entre el haber previsional mínimo y el salario mínimo, y además la pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante todo el período posterior a la
crisis de 2001 y hasta el período de referencia para la aplicación del primer ajuste por movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009.
El haber mínimo previsional es un mecanismo regulatorio de que dispone el Estado para garantizar que los jubilados y pensionados, tengan los medios económicos básicos para vivir dignamente y evitar caer en situaciones de pobreza. Pero como el haber previsional mínimo no se encontraba conectado legalmente con ninguna variable objetiva (como los salarios, los precios, la línea de pobreza y/o la evolución de la economía) su evolución ha dependido de la voluntad de los gobiernos de turno y de los recursos disponibles en el
sistema.
La Ley 26.417 de movilidad jubilatoria no resolvió este problema, estableciendo que el haber previsional mínimo vigente se actualizará en función de los créditos que establezca la Ley de Presupuesto, y no a partir de la aplicación de una movilidad automática como sucede a partir de marzo de 2009 con el resto de los haberes.
Esta situación generó un desfasaje entre la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad y el haber previsional mínimo, que es cobrado por el 72% de los jubilados y pensionados.
El haber previsional mínimo ha quedado así muy rezagado respecto del salario promedio de la economía, en un valor equivalente a un 30.63% del Salario Promedio de la economía argentina.
Si bien las personas mayores generalmente se han desligado ya de los costos asociados a las cargas familiares de hijos pequeños, deben afrontar sin embargo en muchos casos mayores gastos asociados a los servicios de salud y de asistencia personal que con el pasar de los años se hacen cada vez más necesarios.
Consideramos que es indispensable establecer una recomposición del haber previsional mínimo que lo lleve a un valor equivalente al 82% de la remuneración mensual asignada a la Categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo —Agrupamiento General— del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público —SINEP—. Se ha tomado este salario como referencia por ser el valor monetario de ingreso que percibe un agente que ingresa a la administración pública nacional que es categorizado en dicho tramo medio. Como antecedente podemos señalar que la mencionada remuneración fue establecida por la ley 26.913 que estableció Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina, como el valor de la pensión graciable establecida por dicho ordenamiento a sus beneficiarios. De tomarse este valor de referencia el haber Jubilatorio Mínimo a Enero 2014 ascendería a $ 4.760 (pesos cuatro mil setecientos sesenta)
Asimismo, hemos presentado un Proyecto de Ley cuyo objetivo es la recomposición de los haberes previsionales retrasados respecto de la evolución salarial a raíz de la limitada movilidad aplicada durante el período previo a la sanción de la Ley 26.417, intentando recomponer los haberes previsionales con la evolución de los salarios, entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007.
Finalmente, entendemos que alcanzar el 82 % de los salarios y recuperar las actualizaciones de los períodos históricos perdidos es un paso relevante para cumplir el principio consagrado en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y razonable proporción entre el haber de la pasividad y las remuneraciones de los trabajadores en actividad. Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del Presente proyecto de Ley

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